Hilario López Muñoz – lunes, 13 de febrero de 2023
La justicia condena al Sescam a abonar 232.000 euros a la familia de una mujer que acudió al Punto de Atención Continuada de Puertollano por un dolor en el brazo y falleció al día siguiente.
El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha sido condenado al pago de 232.497,66 euros a los familiares de una vecina de la provincia que fue diagnosticada con un dolor muscular durante una visita a Urgencias cuando en realidad estaba sufriendo una dolencia cardiaca por la que falleció al día siguiente. Se trata de unos hechos que se remontan al año 2015, en los que la administración no cuestionó su responsabilidad, aunque centró su defensa en que la denuncia se había presentado tarde, cuando ya había prescrito y no se podía reclamar. En primera instancia se dictaminó así, pero el Tribunal Superior de Justicia de la región en una sentencia de diciembre de 2022 dictaminó que no había prescripción, tras la defensa realizada por el despacho albaceteño de Inmaculada Alcaraz Riaño, junto a la letrada Patricia Gracia y al médico Fernando Navarro López. Los hechos se remontan al otoño de 2015, cuando la fallecida acudió a urgencias del hospital de Puertollano varias veces indicando que padecía dolor en el brazo izquierdo desde hace 15 días. Tras ir hasta en tres ocasiones, en las que se le hizo un electrocardiograma que dio normal, y se le recetaron antiinflamatorios por vía oral y en pomada, decidió acudir al Punto de Atención Continuada de la localidad tres días después. En esta ocasión señaló que no había tenido mejoría. En ese momento narró sus antecedentes familiares, ya que varios miembros de su familia habían tenido una cardiopatía o infartos a una edad joven, pero no se le hicieron pruebas, claves al tratarse de un dolor torácico y en el lado izquierdo, y se le diagnosticó que padecía una enfermedad en la articulación del hombro.
Al día siguiente, la mujer, tras levantarse con dolor, llegó por cuarta vez al hospital, donde le diagnosticaron síndrome coronario agudo, shock cardiogénico y un infarto, por lo que fue trasladada a Ciudad Real para que le pusieran un balón de contrapulsación. En su lugar le implantaron un Stent y la volvieron a enviar a Puertollano en UVI, para que fuera cuidada en la UCI de este municipio. Horas después, el centro de la ciudad minera pidió al de la capital que reconsiderara el balón, por lo que volvió a ser traída a Ciudad Real, donde no hubo mejoría pese a practicar esa técnica y falleció al día siguiente.
La familia solicitó el informe médico de lo ocurrido meses después, unas semanas antes de que cumpliera el año en que finalizaba el plazo para reclamar, pero la administración no lo dio hasta finales de 2016, lo que hizo que la demanda de se pusiera en ese momento. Por este motivo, hubo una situación administrativa en la que se señaló que había prescrito la reclamación, por una parte, mientras que la defensa argumentó que el plazo no había corrido hasta que no se entregó dicho documento. El Sescam centra la oposición del recurso de apelación «en la falta de prescripción, pero no cuestiona» su responsabilidad, según indica en la sentencia última, por lo que se le condena al pago y a los intereses legales por responsabilidad patrimonial.
